La Historia investiga, analiza y registra el pasado del hombre. Los acontecimientos ocurridos, sus causas, su desarrollo geográfico, social y las consecuencias de los mismos. Que nos sirve de base para la comprensión del presente. Al hablar del pasado del hombre entendemos que todas las acciones, pensamientos y obras cuya trascendencia modificó, alteró o impulsó un proceso social.

23 de septiembre de 2011

Separación de Iglesia y Estado: Una nueva controversia

. 23 de septiembre de 2011

La Comisión de Diversidad y Derechos Humanos del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico entiende la obligación de la representación del gobierno de cumplir con el mandato constitucional que garantiza la separación entre Iglesia y Estado para salvaguardar la libertad de todas las personas.

Sin embargo, en el gobierno de Puerto Rico se desprenden acciones conservadoras que, sustentadas en la defensa de valores morales a través de campañas y acciones, privilegian a las organizaciones de base de fe, en la otorgación de fondos, insertando dogmas religiosos en decisiones gubernamentales. Ejemplo de ello fue la designación del pastor Aníbal Heredia como coordinador de Asuntos Comunitarios de La Fortaleza y luego como ayudante especial en el Departamento de la Familia.

La revitalización de los fundamentalismos en los diversos foros gubernamentales es un retroceso a la intolerancia y restringe las libertades, ya que, amparados en valores morales, atentan contra el estado de derechos fundamentales.

El mandato constitucional de separación entre Iglesia y Estado provee garantías para un estado laico en el cual el orden político queda subordinado a los derechos de las personas y determina que la religión debe ser exclusivamente un asunto privado de las iglesias.

Irónicamente, la retórica de los discursos moralistas contrasta con las acciones de casi una decena de legisladores que han tenido que renunciar y aceptar que cometieron actos de corrupción y de violación a la ley y el orden.

Dos decisiones judiciales recientes se fundamentaron en moralismos y no en lo legal y no se les reconoció a las mujeres la protección por Ley 54, por entenderse que las agresiones que sufrieron fueron producto de relaciones extramaritales de estas.

En la más reciente, una jueza encontró al esposo culpable de un delito atenuado y justificó el asesinato a golpes de la mujer, a manos del esposo. Estas determinaciones atentan contra la protección de la vida de otras mujeres que puedan ser víctimas de violencia machista, minan la credibilidad en el sistema de justicia, contravienen el mandato constitucional de garantizar derechos fundamentales y sólo abonan a la violencia rampante que es ya crítica en Puerto Rico.

El gobierno tiene que instituir valores dirigidos a la equidad y a la libertad de conciencia y no basados en fundamentalismos, que crean una estela de prejuicios que excluyen, menosprecian a las poblaciones que por su comportamiento alternativo son estigmatizadas y fomentan mayor injusticia y violencia.

La campaña “Promesa de hombre”, que precisamente abona a la inequidad entre las personas, sustituyó la circular del Departamento de Educación, que promueve la perspectiva de género en las escuelas y que ha sido reclamada por reconocidas organizaciones promotoras de la equidad hacia las mujeres.

La educación de valores tiene que estar atada al respeto a los derechos fundamentales, la diversidad y la pluralidad, para salvaguardar el sistema democrático. Jaime B. Fuster, exjuez del Tribunal Supremo, expone en su libro “Derechos fundamentales y deberes cívicos de las personas”: “Debe quedar claro que están subordinados a los derechos fundamentales de las personas todos los que integran el Gobierno: alcaldes, legisladores, jueces, organismos administrativos y la Rama Ejecutiva, incluyendo el propio gobernador de Puerto Rico. Todos ellos, todos los funcionarios públicos, están obligados por la Constitución a garantizar y respetar los derechos fundamentales de las persona”.



Autora
  • Isabel Feliciano-Integrante de la Comisión de Diversidad y Derechos Humanos del Colegio de Trabajadores Sociales.
  • Mabel López es coautora de esta columna.
Referencia

Periodico El Nuevo Dia
Seccion: Voces
p.66
miercoles 21 de septiembre 2011

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